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En un debate que se tornó áspero y con resistencia por parte de parlamentarios oficialistas respecto de la redacción del capítulo relacionado con la Macrozona Sur, finalmente la Comisión Especial estableció que “es preocupante la inacción del gobierno y las autoridades regionales en relación con la interposición de querellas por conductas terroristas”. Junto con sugerir la modificación a la ley para mejorarla, advirtieron que las autoridades en ejercicio no pueden desestimarla. El informe contiene también críticas a las actuaciones de las autoridades locales.
La trastienda del debate. El capítulo dedicado a la situación de violencia que afecta a la Macrozona Sur (regiones del Biobío, La Araucanía y de los Ríos) de la Comisión Especial Investigadora sobre Funciones de resguardo de la Seguridad y Orden Público Interno y Persecución de la Delincuencia, no fue fácil de aprobar. Los hechos fueron investigados por mandato de la Sala de la Cámara de Diputados desde el mes de julio pasado.
- Profundas diferencias respecto del contenido de la redacción del informe provocaron que, en la sesión de la noche de martes, fueran rechazadas todas las propuestas de conclusiones de lo que ocurre en la provincia de Arauco (Región del Biobío), y las regiones de La Araucanía y de los Ríos.
- Esta mañana se retomó el debate, pero la sesión debió ser suspendida por los desacuerdos generados entre algunos diputados oficialistas y de oposición.
- Trascendió que la discusión más dura se generó entre la presidenta de la Comisión Especial, la diputada Joanna Pérez (representante del Biobío), y el diputado socialista, Marcos Ilabaca, (representante de Los Ríos). La primera no estaba de acuerdo en “suavizar” la redacción del capítulo “Macrozona Sur”.
- Finalmente, se llegó a un consenso ante la postura de algunos diputados, que consideraron inviable aprobar un informe que no consignara la situación de la Macrozona Sur.
- La comisión, conocida como CEI5, está integrada por la diputada Joanna Pérez (Indep. ex DC), quien la preside; y los diputados Jaime Araya (Indep. PPD); Félix Bugueño (FRSV); Gonzalo de la Carrera (Indep.); Marcos Ilabaca (PS); Henry Leal (UDI); Francesca Muñoz (RN); Francisco Pulgar (Indep.); Matías Ramírez (PC); Patricio Rosas (Indep. FA); Diego Schalper (RN); Flor Weisse (UDI); y Gael Yeomans (CS).
Inacción del gobierno. El informe aprobado consigna que “de conformidad a los antecedentes recabados en el transcurso de la investigación, es preocupante la inacción del gobierno y las autoridades regionales en relación con la interposición de querellas por conductas terroristas de conformidad con la Ley N°18.314; al uso de la Ley de Seguridad del Estado o incluso durante largos meses de gestión a decretar estados de excepción constitucional frente al evidente aumento de, lo que el propio Presidente de la República, fue calificado como atentados y ataques incendiarios”.
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