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Lo mínimo es esperar una reacción a la altura de la que vimos en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, cuando dos de sus ministros renunciaron por un actuar similar a este, en el proyecto Dominga. Por el minuto, somos todos testigos de un silencio inexplicable.
“Estoy buscando argumentos para rechazar, pero de momento, lamentablemente no tengo”, decía la seremi de Vivienda en un intercambio de WhatsApp en abril de este año. Con tal nivel de desparpajo, los seremis de turno del gobierno se daban el lujo de rechazar un proyecto inmobiliario en Ñuñoa que cumplía con todos los estándares ambientales. Poco importó que el proyecto Plaza Egaña tuviera su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada desde mayo del 2019; el sesgo anti-inmobiliario pudo más. El precedente es grave. Los seremis se saltaron “olímpicamente” la legislación ambiental, debilitando la institucional vigente y poniendo un manto de dudas a este y a todos los otros proyectos de inversión que se encuentran en etapa de tramitación.
Si el gobierno cree que las instituciones importan, debería salir cuanto antes a esclarecer lo acontecido en esa sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) y asignar las responsabilidades correspondientes. Al rechazar el proyecto, los seremi contravinieron expresamente lo establecido en el artículo 9º bis de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que mandata a la COEVA a “aprobar o rechazar un proyecto sólo en virtud del Informe Consolidado de Evaluación”. En esta ocasión, dicho informe era completamente favorable. Si el ministro Jackson tenía razón y “la escala de valores de esta generación dista de la que los antecedió”, lo mínimo es esperar una reacción a la altura de la que vimos en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, cuando dos de sus ministros renunciaron por un actuar similar a este, en el proyecto Dominga. Por el minuto, somos todos testigos de un silencio inexplicable.
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