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Los asesores del ministro Giorgio Jackson han desplegado un intenso lobby para destrabar la Acusación Constitucional. Sin embargo, las gestiones no han sido fructíferas hasta ahora. Hoy el diputado PS, Leonardo Soto le aconsejó, “desde los que vamos a apoyar al ministro, que aborde el asunto personalmente y que no cometa el error de intentar a través de su equipo, decir lo que a él, personalmente, le corresponde plantear”. Hasta ahora, el escenario en la Cámara de Diputados, donde se debe aprobar la admisibilidad de la acusación, no se ve favorable para Giorgio Jackson.
Las clave de la acusación. Pasadas las 17:00 horas del miércoles 4 de enero, el ministro de Desarrollo Social (MIDESO), Giorgio Jackson fue notificado formalmente de la acusación constitucional de cuatro capítulos que presentó en su contra el Partido Republicano.
- Las razones del escrito: “abuso de autoridad y de poder, reflejado en un ministro de Estado que, por su cercanía con el Presidente de la República y su aparente inamovilidad, traspasó los límites de su propia autoridad, vulnerando la Constitución Política de la República”.
- El libelo acusatorio consta de 150 páginas (con anexos supera las 360), donde se fundamentan las razones para adoptar la decisión.
- Estas son la baja ejecución presupuestaria de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi); las acusaciones de la ex seremi de Desarrollo Social de la RM, Patricia Hidalgo, de vulnerar el principio de probidad y la imparcialidad dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
- También por no implementar oportunamente la atención de niños gravemente vulnerados en sus derechos a través del servicio Mejor Niñez; y dejar sin ejecución la Ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Los cálculos en el Congreso. Según algunos parlamentarios, hasta el martes no había mayores señales de preocupación por parte de Jackson. Pero, desde el miércoles se inició un intenso despliegue en la Cámara de Diputados, donde se debe aprobar la admisibilidad de la acusación, especialmente entre representantes legislativos del oficialismo.
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