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La enmienda republicana sobre contribuciones toca un punto bien sensible que vale la pena analizar con más detención, esto es, si efectivamente hay una justificación para cobrar el impuesto territorial, más allá del interés recaudatorio por parte de las municipales.
Hace unas semanas celebramos los 20 años desde que salimos del colegio, y la verdad es que disfruté cada momento. Amigos de siempre, amigos de hace muchos años compartiendo con gente que no veía hace tiempo. Mismas tallas, recordando a los “profes” del colegio (más de alguno mandó un saludo) y, por supuesto, estaban los mal portados de antes, con más guata, menos pelo y más canas. El lugar era lo mejor. Una idílica propiedad perteneciente a un abogado y político recientemente fallecido y abuelo de uno de mis excompañeros. Céntricamente ubicada, a modo de broma varios trataban de apuntar cuánto pagaba de impuesto territorial o de contribuciones de bienes raíces. Sin duda, el desembolso por contribuciones de la casa de la fiesta no debe haber sido menor, y recordamos la enmienda presentada por los consejeros republicanos que exime del pago de contribuciones a la principal vivienda familiar en Chile.
Más allá de juzgar la conveniencia de incorporar este tipo de norma en nuestra Carta Fundamental, su aporte al Fondo Común Municipal (FCM) es impresionante: asciende a 58% de los recursos entregados por concepto de impuesto territorial (MM $1.188.310). A modo de contexto, el siguiente ítem que más recauda son los permisos de circulación, con 24% (MM $498.884).
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