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Estamos ad portas de la discusión presupuestaria en un momento político y económico complejo. El Caso Convenios ha puesto el foco en el debate sobre el uso de los recursos públicos que bien conviene aprovechar para avanzar hacia una asignación más eficiente, sin restringir el actuar de la sociedad civil.
Se acerca la discusión del presupuesto fiscal para el año 2024, donde se define el destino de gastos por un monto cercano a un cuarto del PIB nacional. ¿Cuánto crecerá respecto del 2023? Esa es la pregunta que más se repite en la discusión pública por estos días. Justamente hoy trascendió que aumentará por sobre 2%, una tasa mayor que el 0,7% del año pasado. A pesar de que este nivel es menor al promedio histórico, existen riesgos relevantes de contención de la deuda del gobierno que deberán ser sopesados en la discusión. Especialmente considerando el deterioro que se observa en las finanzas públicas en lo que va del año. Sin embargo, igual de importante que el debate sobre cuánto crecerá el erario, es el debate del uso de los recursos y cuál será su distribución.
Desde la ciudadanía existe un fuerte cuestionamiento a cómo se utilizan los dineros públicos. Esto se refleja en que menos de un 15% de los chilenos cree, sostenidamente, que el Estado gasta correctamente los recursos fiscales (Encuesta CEP 2015; Espacio Público IPSOS 2022). Más allá de los últimos y graves acontecimientos de traspaso irregular de dineros a algunas fundaciones, el problema de la eficiencia de nuestro gasto público se arrastra por años. Los últimos informes de la DIPRES levantan una vez más la alerta de los serios problemas de ejecución del presupuesto, que terminan generando grandes desembolsos a fines de año, con graves riesgos en ineficiencia y calidad. También vuelven a confirmar el serio problema de resultados y altos gastos administrativos que exhiben nuestros programas sociales.
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