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Chile necesita avanzar en una decidida agenda de probidad que fomente la transparencia, la integridad y la responsabilidad, fortaleciendo así nuestra democracia y promoviendo la inversión. El desafío de enfrentar esta situación se hace cuesta arriba con los casos que han estallado en los últimos meses, y con la creciente fuerza que ha tomado el crimen organizado en el país.
La corrupción, en un giro impactante, ha regresado al tope de la lista de preocupaciones de la ciudadanía, superando temas como el narcotráfico y la inmigración, según lo revela la Encuesta CEP 2023. A pesar de que se observa un aumento respecto de la medición de julio pasado, desde hace casi una década que los chilenos estamos constantemente levantando este tema como prioritario. El punto de inflexión fue el año 2015, cuando salió a la luz el caso del financiamiento ilegal de la política, afectando de manera transversal a los partidos. Hoy, dramáticamente, el 59% de la población cree que la corrupción es mayor que hace 5 años, y un abrumador 73% considera que está arraigada en el servicio público. Más que nunca, debemos prestar atención a esta alarmante realidad.
Pero ¿qué tan extendida está la corrupción en el país? La dificultad radica en encontrar métricas confiables que permitan una comparación a lo largo del tiempo o a nivel internacional. En parte, esto se debe a la falta de consenso general sobre lo que constituye corrupción. Aunque Transparencia Internacional, la principal organización en la lucha contra este fenómeno, la define como “el abuso del poder para beneficio privado”, muchas mediciones restringen su enfoque únicamente a la esfera pública. Además, es crucial tener en cuenta que la corrupción tiende a ocurrir en la clandestinidad, detrás de puertas cerradas, lo que hace que las víctimas, cuando existen, a menudo no denuncien estos casos.
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