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El 5 de julio de 2019 —3 meses antes del estallido social— el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago abrió una causa en contra de Juan Francisco Villalobos Prado, como presunto autor de una estafa cometida en marzo de ese año. Tras diversos intentos por ubicarlo, en junio de 2022 se dictó su orden de detención, que sigue vigente. Casi 3 meses después de dictada esa orden, se emitió el decreto —firmado por los ministros Tohá y Marcel—, que le otorgó la pensión de gracia. La resolución se basó en un informe de la comisión presidencial que se remonta a una querella del INDH que se sustentó, a su vez, en el testimonio de Villalobos. Entre abril y diciembre de 2023, Tesorería le transfirió $5.698.168, pagos que se mantuvieron cuando ya se sabía que era buscado por la Justicia.
Qué observar. El 7 de septiembre de 2022 —un día después del cambio de gabinete realizado tras el rechazo de la propuesta constitucional de la Convención en el plebiscito del 4/S— se emitió el decreto exento 2787 que otorgó una de las pensiones de gracia vitalicias por el 18-O, mostró el documento firmado por los ministros Carolina Tohá de Interior y Mario Marcel de Hacienda.
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