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La empresa noruega Statkraft, que invierte en energías renovables en Chile, enfrenta trabas significativas debido a la demora del Consejo de Monumentos Nacionales en autorizar permisos tras hallazgos arqueológicos en su proyecto hidroeléctrico Los Lagos. Ello le ha significado un sobrecosto de más de US$50 millones, para una inversión inicial de US$ 173 millones.
Qué observar. A tres años de que la Tercera Sala de la Corte Suprema, liderada por el juez Sergio Guzmán y los ministros Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y María Angélica Benavides, ordenara al Consejo de Monumentos Nacionales realizar una consulta indígena para el proyecto hidroeléctrico Los Lagos de la empresa eléctrica estatal noruega Statkraft el organismo encargado de proteger el patrimonio cultural del país decidió volver a su etapa inicial la Consulta, de un total de cinco pasos que contempla.
- De esta forma, el proyecto que esperaba iniciar su operación en 2022 y que pretendía comenzar a inyectar energía a la red central en el primer semestre de 2025 tendrá detenida su inversión hasta que el Consejo de Monumentos Nacionales termine con la Consulta Indígena, que podría tardar hasta tres años más.
- Así en noviembre se cumplirán tres años, desde que la Tercera Sala ordenó la realización de una Consulta Indígena como medida previa para otorgar permisos administrativos al proyecto Los Lagos.
- Esta demora ha implicado un sobrecosto de más de US$50 millones, para una inversión inicial de US$ 173 millones.
- Los hallazgos arqueológicos corresponden a fragmentos cerámicos y piedras que se usaban para tallar madera u otros materiales, cuyo tamaño es inferior a 4 centímetros.
- Los ejecutivos de la compañía de capitales noruegos han mantenido más de 75 reuniones en el último año con diversas autoridades, pero ningún organismo público ha entregado un cronograma o plazos para la Consulta Indígena. Entre ellos los organismos están ministerios y reparticiones del Estado, como Energía, Cultura, Cancillería, Interior, SEA, CONADI y CDE.
Primera vez. La resolución judicial fue la primera Consulta Indígena en un proyecto en construcción y la primera que debe realizar el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el mismo organismo que entrega los permisos.
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