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El verdadero desafío es avanzar hacia una oferta social que incentive la formalización del empleo, asegurando que los beneficios disminuyan gradualmente a medida que mejora la condición socioeconómica de los hogares.
Conseguir un beneficio social cuantioso, como la gratuidad en la educación superior, es un objetivo anhelado por muchas familias. Pero cuando su acceso está reservado solo para el 60% más vulnerable del país, surgen incentivos para distorsionar la verdadera situación económica de los hogares. Lo que comienza como un esfuerzo por promover la equidad termina afectando la correcta asignación de los beneficios. ¿Cómo podemos entonces mejorar el sistema para asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan?
El impacto de estos incentivos queda claro al revisar las cifras. En el Registro Social de Hogares (RSH) el tamaño promedio de las familias es de cerca de 2 personas, mientras que en encuestas como la CASEN es alrededor de 3. Esta diferencia, que ha ido aumentando con el tiempo, se aceleró especialmente durante la pandemia, siendo común que la persona ausente sea el padre con los ingresos más altos.
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