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Los dichos del fiscal Barros reiterando su hipótesis de que tras el crimen estuvo el régimen de Maduro, enredaron a La Moneda. Mientras la vocera optó por una respuesta ajustada al protocolo de las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, el subsecretario Cordero adelantó un juicio en una causa abierta. “El Ejecutivo no solo la comparte, sino que lo que desea es que el fiscal Barros tenga éxito”, dijo.
Por qué importa. Las declaraciones del subsecretario del Interior Luis Cordero —apoyando explícitamente la hipótesis del fiscal Héctor Barros de que la dictadura de Nicolás Maduro estuvo tras el crimen en suelo chileno del teniente venezolano Ronald Ojeda— adelantaron un juicio en una causa en que el gobierno es querellante, pero que sigue abierta y en que no hay por tanto una verdad judicial establecida. Eso más allá de los indicios de que el régimen chavista estaría detrás del asesinato.
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