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El informe de la Comisión es, sin duda, un insumo valioso. Sin embargo, a la vuelta de las fiestas sabremos si fue insuficiente frente al desafío fiscal que enfrenta el país en el corto plazo. Por eso resulta fundamental que el Ejecutivo asuma ahora la responsabilidad de implementar los ajustes necesarios.
En unas semanas se presentará la iniciativa legal más importante del año: la Ley de Presupuestos 2026. Su discusión será especialmente significativa, no solo porque regirá a la próxima administración, sino también porque la frágil situación fiscal atraviesa un punto de inflexión (CFA 2025). La meta oficial es alcanzar un balance estructural de -1,1% del PIB, lo que exige un ajuste equivalente al 0,5% del PIB. Pero esa cifra depende de que se implementen todas las medidas correctivas; si ello no ocurre —algo altamente probable—, el esfuerzo necesario es aún mayor.
Tras la importante desviación del balance en 2024, una de las medidas correctivas comprometidas por el entonces ministro Marcel fue crear la Comisión de Revisión del Gasto Público. La comisión comenzó a operar en mayo de 2025, con el objetivo de contribuir a la convergencia fiscal hacia 2029. El Ejecutivo subrayó que se trataba de un trabajo intenso y rápido, lo que permitiría “incluir las recomendaciones de corto plazo y pertinentes en el proyecto de ley de Presupuestos 2026” (DIPRES 2025).
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