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La urgencia social existe. Nadie discute que desalojar sin alternativa sería una catástrofe humanitaria. Pero la respuesta no puede ser improvisada. Si el Estado cede ante la presión de la fuerza, erosiona el Estado de Derecho y la confianza en el sistema habitacional.
Hay decisiones que nacen de la urgencia, pero la urgencia nunca las exime de sus consecuencias. La expropiación anunciada por el Gobierno en el Cerro Centinela, donde se emplaza la mayor toma del país, es una de ellas. Más de 10.000 personas viven allí desde 2019, y un fallo judicial ordena su desalojo. Frente a ese cuadro, el Ejecutivo opta por expropiar 100 hectáreas para radicar a 3.700 familias. ¿Humanitarismo? Sin duda. ¿Buena señal institucional? Difícil sostenerlo.
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