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Desde 2014 Chile ha aprobado sucesivas reformas, incluyendo la reforma tributaria de 2014, la modernización tributaria de 2020 y los cambios para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU) mediante reducción de exenciones aprobados en enero de 2022 durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, además del royalty minero y la ley de cumplimiento tributario, que, sumadas, proyectaban recaudar entre 5% y 7% del PIB en régimen, según estimaciones oficiales de cada iniciativa.
Qué observar. Pese a más de una década de reformas tributarias estructurales, la recaudación fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto ha estado muy por debajo de las metas que se buscaban. Esto ha reactivado el debate entre expertos sobre la efectividad de los cambios al sistema tributario, la calidad de las proyecciones de ingresos y la sostenibilidad del gasto público en un escenario de crecimiento económico moderado.
- Desde 2014 Chile ha aprobado sucesivas reformas —incluyendo la reforma tributaria de 2014, el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) mediante reducción de exenciones, el royalty minero y la ley de cumplimiento tributario— que, sumadas, proyectaban recaudar entre 5% y 7% del PIB en régimen, según estimaciones oficiales de cada iniciativa.
- El proceso de reformas tributarias ha tenido responsables políticos claros. La reforma estructural de 2014 fue impulsada por el entonces ministro de Hacienda Alberto Arenas, quien enfatizaría que era “una reforma tributaria razonable, balanceada, consistente con los objetivos de recuperar la senda del crecimiento de la economía y de darle sustentabilidad a este crecimiento en el largo plazo, al mejorar la distribución del ingreso”.
- Entre las reformas más recientes están los cambios asociados al financiamiento de la PGU aprobados durante el gobierno del Presidente Piñera, el royalty minero y la ley de cumplimiento tributario, lideradas por el exjefe de las finanzas públicas, Mario Marcel.
- Asimismo quedó en el camino una reforma que fue rechazada por el Congreso en marzo de 2023. Marcel al presentarla había señalado que “combinando el impacto de los ingresos y los gastos, el impacto neto de la reforma tributaria considerando el destino de los recursos sería positivo en un 1,8% del PIB en el largo plazo”. Finalmente no prosperó.
- Sumadas todas las iniciativas impulsadas por todos los gobiernos en la última década, la recaudación tributaria como porcentaje del PIB se ha mantenido relativamente estable, sin superar un punto adicional del PIB.
- Eso ha contribuido al deterioro de las cuentas fiscales advertido por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y ha llevado a las nuevas autoridades a evaluar planes de ajuste del gasto público.
Deterioro de las cuentas fiscales. La brecha entre ingresos proyectados y recaudación efectiva se refleja en un deterioro significativo de las cuentas fiscales en los últimos años. El déficit estructural del Gobierno Central cerró 2025 en 3,6% del PIB —equivalente a más de US$13.000 millones— prácticamente triplicando la meta oficial de 1,1% fijada previamente por el propio Ejecutivo y marcando el tercer incumplimiento consecutivo de la regla fiscal.
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