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Hace dos semanas, la Contraloría emitió un pronunciamiento por la negativa de Miguel Crispi (FA) a responder preguntas sobre el caso Monsalve ante la Cámara de Diputados. Su rol nunca estuvo del todo claro. El organismo fiscalizador sostuvo que “no resulta procedente invocar una cláusula contractual de confidencialidad”.
Contexto. En marzo de 2025, antes de su caída, el ex asesor presidencial Miguel Crispi enfrentó una tensa sesión como citado a la comisión investigadora del Caso Monsalve en la Cámara. El encuentro terminó abruptamente cuando el presidente de la instancia Miguel Mellado (RN) anunció que pediría a Contraloría abrir un procedimiento disciplinario en su contra.
- Era la segunda vez que acudía a esa comisión y se negó en reiteradas ocasiones a responder las preguntas de los diputados sobre el tema, argumentando que sus conversaciones con el Presidente son de carácter privado.
- En 2023, Crispi ya había tenido un duro enfrentamiento con el Congreso y Contraloría cuando se negó a asistir inicialmente a una comisión investigadora sobre el Caso Convenios, afirmando que en su cargo no estaba obligado a comparecer.
- Su vínculo con el Caso Monsalve -que Crispi no ha querido aclarar- se debe a que fue uno de los primeros en enterarse de la denuncia contra el exsubsecretario. Boric le contó la situación a él y al jefe de gabinete Carlos Durán el 15 de octubre de 2024.
Dictamen de contraloría. El 13 de marzo la Contraloría emitió un dictamen relativo a “personal a honorarios, convenios, cláusula de confidencialidad, excepciones, comparecencia comisión investigadora de la Cámara de Diputados”, referido precisamente al oficio que envió Mellado. En su argumentación el subcontralor Víctor Hugo Merino firma un dictamen que expresa una posición totalmente distinta a que adoptó el entonces influyente asesor del ex Presidente Boric. Aquí las principales conclusiones.
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