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Lo que el Congreso vote debe consolidar un estándar: decisiones fundadas, plazos exigibles, trazabilidad pública y coordinación con el sistema ambiental, los contratos públicos y la programación de inversiones.
La reforma a la Ley de Patrimonio Cultural y al Consejo de Monumentos Nacionales dejó de ser un tema sectorial: hoy es una prueba política para el Ejecutivo y el Congreso. Chile necesita proteger su patrimonio, pero también recuperar crecimiento. Y para volver a crecer hay una condición básica: invertir. Cuando la decisión pública se vuelve imprevisible, el país no solo pierde proyectos; pierde empleo, productividad y confianza.
Por eso es relevante que, en el marco de la Ley de Reconstrucción Nacional, se propongan cambios concretos al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN): redefinir su rol para concentrarlo en determinar qué bienes se protegen; fijar plazos perentorios para pronunciarse; habilitar aprobación automática para obras menores en áreas protegidas; acotar la definición de “arqueológico” para evitar interpretaciones expansivas que paralizan obras; y ampliar incentivos de conservación, como extender la exención del impuesto territorial a bienes declarados monumento histórico. También se discute la categoría de “sitios de memoria”, que exige claridad normativa para no abrir nuevas zonas grises.
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