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Hoy los extensos plazos de tramitación son un cuello de botella a la inversión. Veamos los 35 proyectos que pasaron por una evaluación de impacto ambiental (EIA) en los últimos dos años: los de energía tardaron 2,9 años en obtener su RCA; los mineros, 3,8 años; y los de saneamiento ambiental, 4,7 años.
Ayer lunes, el ministro de Hacienda retomó la discusión del pacto fiscal con representantes de diversos partidos políticos. En la reunión se analizaron las medidas para impulsar el crecimiento, con especial énfasis en aquellas que podrían destrabar la inversión privada. Distintos actores, en especial los gremios empresariales, han acusado que la excesiva permisología está asfixiando la inversión, justo en el momento en que más la necesitamos. Recordemos que el Banco Central, en su último IPOM, estima una caída de la inversión de 3% para el 2023 y 1% para el 2024.
Lamentablemente, hoy los extensos plazos de tramitación son un cuello de botella a la inversión. Veamos los 35 proyectos que pasaron por una evaluación de impacto ambiental (EIA) en los últimos dos años: los de energía tardaron 2,9 años en obtener su RCA; los mineros, 3,8 años; y los de saneamiento ambiental, 4,7 años. Plazos que no consideran el posterior peregrinaje para obtener permisos sectoriales, ni probables judicializaciones. Así, no es de extrañar que la CNEP consigne que una planta desaladora tarda 12 años en obtener sus permisos. Un total despropósito cuando Chile es azotado por una implacable crisis hídrica y dispone de una larguísima costa.
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