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El Congreso aprobó el Presupuesto 2026 con un gasto público equivalente a US$90 mil millones, sin cambios estructurales en los ingresos y gastos. Esto obligará al nuevo gobierno a ajustar su programa y tomar medidas para evitar que el endeudamiento fiscal continúe en aumento. El CFA alertó que hay sobreestimaciones en ingresos y subestimaciones en gastos.
Qué sucedió. El Congreso terminó de aprobar el Presupuesto de la Nación 2026, con la expansión del gasto público de 1,7%, lo que equivale a $86,2 billones (US$90 mil millones). Pese a las tensiones iniciales, las críticas de la oposición y las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el Gobierno, liderado por el ministro de Hacienda Nicolás Grau, logró mantener intactas las proyecciones de ingresos y gastos, sin realizar modificaciones estructurales significativas.
- El presupuesto eliminó la glosa republicana, que había sido una constante en los presupuestos desde el retorno a la democracia. Esta eliminación representa una limitación importante para el nuevo gobierno que asumirá en marzo, ya que la glosa republicana permitía una mayor flexibilidad financiera para afrontar emergencias o nuevas prioridades.
- En la discusión inicial, Chile Vamos había advertido que el presupuesto estaba desfinanciado en aproximadamente US$1.500 millones, lo que llevó a la oposición a exigir un recorte en esa magnitud. Sin embargo, al final, el presupuesto se mantuvo en las cifras calculadas originalmente por el Ejecutivo.
- A diferencia del presupuesto de 2025, en el que el entonces ministro Mario Marcel aceptó un recorte de US$600 millones, en esta ocasión los recortes fueron mínimos, reflejando la firme postura del Gobierno.
- Así, las proyecciones fiscales y el déficit estructural de -1,1% del PIB se mantuvieron, a pesar de las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) de que este déficit podría ser mayor. La principal diferencia en la discusión estuvo en los ajustes en áreas como seguridad pública y subsidios sociales, donde se aprobaron aumentos importantes.
- La Fundación Salvador Allende y el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) fueron en esencia los únicos que se quedaron sin recursos.
Reposición de recursos. La Comisión Mixta, encargada de resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados, repuso recursos para varias instituciones a las que se les había recortado el presupuesto en tramitaciones previas. Entre ellas, el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), el pase cultural y varios sitios de memoria, aunque con ajustes en los montos destinados a cada uno.
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