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Combatir este fenómeno no solo requiere buenas intenciones; como en cualquier proyecto exitoso, exige trabajo coordinado y, sobre todo, inversión. El Estado debe asumir una actitud decidida. ¿Está dispuesto a proporcionar al organismo encargado de defender sus intereses las verdaderas atribuciones y recursos necesarios, o seremos testigos, una vez más, de un ‘león sin dientes’?
En los últimos tiempos, hemos sido testigos de una preocupante escalada en los casos de corrupción. Lo que antes percibíamos como delitos aislados ha mutado hacia la sofisticación propia del crimen organizado, y lo más alarmante de las últimas semanas es cómo esta delincuencia organizada ha forjado alianzas con la corrupción. Este fenómeno no es exclusivo de Chile; a nivel global, se ha declarado una verdadera guerra contra esta creciente amenaza, impulsando el desarrollo de nuevas estrategias de persecución y disuasión. La evidencia es clara: el dinero es el punto más vulnerable para este tipo de criminalidad, lo que ha llevado a un fortalecimiento de las sanciones pecuniarias y nuevas normas orientadas a perseguir la ruta del dinero.
La reciente ley de delitos económicos (Ley 21.595) ha dotado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) de atribuciones significativamente más amplias. Ahora, el CDE puede intervenir en toda causa que involucre penas pecuniarias, incluyendo multas y, crucialmente, el comiso, aunque el CDE no haya comparecido siquiera en la causa que se trate. El legislador introdujo, además, una herramienta innovadora: el comiso de ganancias. Esta institución permite no solo incautar los instrumentos y efectos del delito, sino también cualquier ganancia derivada de él. Más aún, en el caso de asociaciones criminales, estas perderán la totalidad de sus activos, a menos que demuestren su origen lícito. Sin duda, esta es una medida poderosa en la lucha contra el crimen económico en general, y particularmente contra la corrupción y el crimen organizado.
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