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El tensionado paso del ministro de Energía, Diego Pardow, en el Chile Day de París sigue dando de qué hablar en el sector energético. Fue el pasado viernes cuando el secretario de Estado tuvo que lidiar en doble instancia con inversionistas y ejecutivos de empresas nacionales y extranjeras. El tema que se tomó la conversación fue el proyecto de ley de subsidio eléctrico, el cual se ha ganado las críticas de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).
Fuerte cruce en París. El pasado viernes 6 de septiembre, el ministro de Energía, Diego Pardow, vivió una jornada tensa en el marco de la iniciativa público-privada Chile Day en París. Durante su participación, se enfrentó a críticas por parte de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) respecto al proyecto de ley de subsidio eléctrico. Este proyecto busca expandir el beneficio a más familias tras el aumento en las tarifas, y propone financiarlo reduciendo las compensaciones por el precio estabilizado que reciben las compañías del sector, una medida con la que estas últimas no están de acuerdo.
- Por años, la exposición de los ministros chilenos era muy parecida, pero este 2024, el ambiente Chile Day no fue como normalmente es.
- Durante el evento, numerosos asistentes cuestionaron al ministro de Energía por el proyecto de ley que busca transferir el costo del subsidio adicional a las tarifas eléctricas a las pequeñas centrales de generación eléctrica. Esto se lograría mediante una reducción de la compensación que reciben estas centrales según el mecanismo de estabilización de precio, lo que podría significar una disminución de hasta un 40% en sus ingresos. Las empresas afectadas argumentan que esta medida podría llevar a la quiebra y paralización de proyectos, y que incluso podrían recurrir a tribunales internacionales para impugnarla.
La tensa reunión. Pardow, en una declaración en París, señaló que necesita US$ 150 millones para financiar el subsidio y que “alguien tiene que pagarlos”. Sin embargo, las empresas afectadas sostienen que el financiamiento debería provenir de recursos públicos y que la contribución forzada que se les impone es una expropiación que cambia las reglas del juego establecidas en 2019. Consideran que esta medida viola las garantías a la inversión extranjera contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile. La historia muestra que los tribunales internacionales de inversión han considerado imposiciones similares como expropiaciones indirectas, obligando a los Estados a compensar a los inversionistas afectados.
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