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El buen uso de los recursos públicos exige no solo una fiscalización eficaz, sino también un diseño inteligente de los programas sociales. La combinación de ambos elementos —control y arquitectura institucional— es lo que permitirá garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, sin generar incentivos perversos ni excluir, sin justificación suficiente, a quienes apenas superan los umbrales establecidos.
La contralora general de la República, Dorothy Pérez, prepara una nueva ofensiva contra el uso indebido de recursos públicos. Tras su exitosa cruzada contra las licencias médicas fraudulentas, ahora anuncia fiscalizaciones a la asignación de beneficios sociales focalizados, como la gratuidad universitaria, los subsidios al empleo y habitacionales, e incluso la Pensión Garantizada Universal (PGU), por mencionar solo algunos entre más de 160 programas que se otorgan según criterios socioeconómicos (Registro Social de Hogares; Panel de Expertos para Mejoras al Instrumento de Focalización, enero de 2022).
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