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Juan Carlos Manriquez es un penalista reconocido y que a lo largo de los años ha acumulado numerosas redes transversales en el mundo político. Es el defensor de Daniel Jadue, de Ángela Vivanco y de la viuda de Ronald Ojeda, entre muchos otros. Hoy busca anular el allanamiento a la diputada Cariola, lo que se resolverá el jueves.
- Juan Carlos Manríquez Rosales, 57, nació en 1967 en Chillán, como el mayor de tres hermanos de una familia de comerciantes.
- Estudió en el Seminario de Chillán, colegio jesuita donde tuvo su primer acercamiento a la política, durante la dictadura. “Se nos ocurrió hacer una protesta para llamar la atención de los colegios particulares por un dirigente poblacional que había muerto”, dijo en 2024 a Radio Biobío. Fue detenido por unas horas y luego liberado.
- Con Alejandro Romero Seguel —quien sería decano de derecho de la Universidad de Los Andes— formó el centro de alumnos, lo que generó reclamos en la gobernación. Manríquez ha contado que lo presidió por dos años.
- Romero influyó en su decisión de entrar a derecho en la Universidad de Valparaíso. Allí comenzó a militar en el Partido Social Democracia de Chile, que se sumó a la Concertación y donde ha contado que estuvo hasta 1993. En esos años ingresó también a la masonería, de la que sigue formando parte.
- En 1991 cofundó el estudio Manríquez, Benavides y Cia, con la abogada Sandra Benavides, con quien se casó en 1996. En el sitio web de la oficina consignaron que tras titularse viajó a Estados Unidos para cursar un máster en derecho en la California Western School of Law.
- También se volvió litigante ante la Corte Penal Internacional (ICC) y la Corte Internacional de Justicia (ICJ). Fue además decano de derecho de la U. del Mar.
- En su entorno confidencian que a través de las gestiones del senador radical Enrique Silva Cimma fue considerado como posible subsecretario de Justicia del expresidente Ricardo Lagos, cargo que finalmente recayó en el DC Jaime Arellano.
- Su vínculo con Silva Cimma lo llevó a representar a su yerno, el senador Nelson Ávila, en una docena de causas. “Ganamos todos sus desafueros salvo uno en que fuimos a juicio oral y lo absolvieron”, dijo en 2019 a La Segunda.
- También defendió a la exdiputada PPD Laura Soto en un caso de financiamiento irregular de la política. Soto fue desaforada en 2007 y absuelta al año siguiente.
- Lo mismo hizo con el excandidato presidencial y fundador del Partido Progresista Marco-Enríquez Ominami en el Caso SQM, arista en que la fiscalía decidió, en abril de 2024, no perseverar en la investigación en su contra. En 2021 asumió además la representación de la figura del Frente Amplio Karina Oliva, en una causa precursora del Caso Convenios.
- Sus clientes hoy incluyen a algunos de los personajes que han marcado la agenda desde 2024. Entre ellos está el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Sergio Muñoz, —investigado por filtración de secretos al abogado Luis Hermosilla en el Caso Audios— y el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) —en la causa por presunto fraude de la asociación de municipios con farmacias populares, a quien llegó a través de su pareja, la abogada brasileña Anjuli Tostes. En ambos casos logró revertir su prisión preventiva y que quedaran con arresto domiciliario.
- “Los ‘villanos’ son en general sujetos difíciles de defender, pero la esencia de la abogacía penal está justamente en la defensa”, dijo el año pasado a Biobío.
- Manríquez es también abogado de la viuda del teniente en retiro del ejército venezolano Ronald Ojeda; del exabogado de la bancada PS, Enrique Aldunate, indagado por filtración de antecedentes del Caso Audios y de la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
- Su estrategia para mantener clientes diversos en el espectro político es central su defensa en lo técnico y generar un ‘cortafuego’, que implica no compartir con sus clientes antecedentes de otros casos, dicen en su entorno.
- Este mes asumió además la defensa de la presidenta de la Cámara de Diputados Karol Cariola (PC) en el caso de la fallida compra de la cínica Sierra Bella, en la arista abierta por eventual tráfico de influencias por sus gestiones con la exalcaldesa Irací Hassler (PC) en favor del empresario chino Emilio Yang.
- A Cariola llegó por medio de su pareja, el diputado PS Tomás de Rementería, a quien conoce de niño, ya que su padre Juan Tomás de Rementería fue concejal por Viña del Mar.
- Su estrategia apunta, por ahora, a anular la resolución de la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Carla Capello, que autorizó el allanamiento al departamento en Providencia de Cariola.
- La diligencia se concretó el 3 de marzo, fecha en que la PDI le incautó su celular y un notebook, horas después de que naciera su hijo. La solicitud de nulidad será vista este jueves.
- Entre sus argumentos está que el informe policial presentado por el fiscal Patricio Cooper para autorizar la diligencia, basado en los chats entre Cariola y Hassler (a quien se había incautado previamente el teléfono), contendría “graves errores y omisiones”, dijo su escrito.
- Entre estos, que la solicitud de renovación de patente comercial que pidió Cariola a Hassler fue rechazada por el Concejo y que el “empresario cercano” mencionado en las transcripciones correspondería a uno de origen chileno y no chino.
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