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La comisión de Derechos Fundamentales despachó a las 0:12 am de este jueves su tercer artículo sobre propiedad privada, que estableció las condiciones de las expropiaciones. Se rechazó que la obligación de pagar un precio justo quedara escrita en la Carta Fundamental como buscaban convencionales de centroderecha. Sí aprobó, en cambio, una indicación de INN para que el dinero sea traspasado antes de que ésta se concrete.
Qué observar: La comisión de Derechos Fundamentales de la Convención comenzó a revisar este miércoles 179 indicaciones respecto de 8 artículos (más 2 transitorios) sobre derecho a la propiedad general e indígena que ya habían sido aprobados en general.
- Tras casi 15 horas de sesión, que terminó a las 0:12 am, despachó 3 artículos al pleno sobre la materia, donde estos requerirán de 103 votos para su aprobación (equivalentes a 2 tercios de los 155 constituyentes) y así llegar al borrador de Constitución que será sometido a un plebiscito de salida.
- Los artículos aprobados establecieron cómo entenderá la nueva Constitución la propiedad privada, cómo se protegerá la propiedad intelectual y en qué condiciones se podrán realizar las expropiaciones.
- Quedaron pendientes para este jueves por la mañana los artículos sobre propiedad privada indígena y restitución territorial.
- La votación de la comisión de derechos fundamentales ocurrió tras reuniones telemáticas mantenidas el fin de semana entre convencionales de izquierda y centro izquierda, para acordar temas de fácil despacho en la votación de este miércoles. Asistentes contaron que los temas difíciles sobre propiedad privada como la expropiación fueron dejados de lado, puesto que se veía más difícil llegar a acuerdo en estos.
Qué se entenderá por propiedad privada: Conversaciones sostenidas telemáticamente el sábado abrieron la puerta para redefinir la propuesta de propiedad privada en la Constitución. Y es que la norma aprobada en general el viernes 11 estipulaba que los llamados bienes incorporales (no físicos), que incluyen los contratos, concesiones, títulos administrativos, derechos de autor y otros, sólo estarían “amparados por este derecho cuando lo determine expresamente la ley”.
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