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Las 2 primeras votaciones en el Pleno de la Convención revelaron que el PS será clave en inclinar la balanza para que se alcancen o no los 2/3 en cada norma. La presión de la izquierda por ciertas medidas lo sitúa en una encrucijada: definirse entre su convicción de frenar normas que consideran perjudiciales (como el fin a la inamovilidad de los jueces y las asambleas regionales), pero también visar otras para no pagar el costo de votar frecuentemente con la derecha (como sucedió con la justicia indígena).
El telón de fondo: El PS tuvo un rol clave en las 2 primeras jornadas de votación en el Pleno de los informes de las comisiones: por un lado su rechazo frenó normas sobre las que expertos habían advertido severos efectos, pero por otro lado terminaron visando otras normas similares en las que inicialmente habían definido votar en contra.
- Sea en los casos de aprobación o rechazo, lo que quedó claro es que los 2/3 (104 votos) solo se hacen viables si los 16 constituyentes PS se suma a la mayoría que se fue conformando por el Frente Amplio, PC, Escaños Indígenas, Movimientos Sociales e Independientes No Neutrales. Las votaciones clave fueron en 2 campos:
- Inamovilidad de los jueces y justicia indígena: al votarse el informe de la comisión de Sistemas de Justicia, el Colectivo Socialista estuvo en contra del artículo que acababa con la inamovilidad de los jueces, criticado por la Corte Suprema y expertos acusando una afectación de la independencia de los magistrados. Los socialistas también iban a rechazar la creación de un Sistema de Justicia Indígena, pues consideraban que la redacción del artículo 2 -que indicaba que existe en igualdad con el Sistema Nacional- no delimitaba claramente los campos de acción de ese sistema para pueblos originarios, por lo que debía supeditarse al Sistema Nacional. Tras negociaciones con el FA, los PS accedieron a aprobarlo en general.
- Atribuciones del Estado Regional: el PS aprobó la existencia del Estado Regional -que otorga amplios márgenes de autonomía financiera, política y administrativa a los gobernadores regionales, ante lo que expertos como Mario Waissbluth han advertido severos efectos económicos-, pero rechazó las atribuciones que tendrían las Asambleas Legislativas Regionales, pues cuestionaban que se estableciera que un estatuto redactado por ellas mismas fijara sus facultades. Argumentaron que sus potestades debía definirlas el Congreso en la ley: por ejemplo, se permitía que leyes laborales y sindicales se fijaran de forma independiente en cada región.
Qué significa: El PS buscó demostrar esta semana que sus posturas pueden marcar la pauta del avance de las normas, y que tienen capacidad de bloquear algunas -lo que hicieron en parte al sentir que sus posturas no fueron del todo consideradas por el FA en algunas comisiones-, pero también quedó claro que es un recurso que podrán utilizar en ocasiones contadas, pues el costo político de votar alineados con la derecha es alto con miras al desafío de tener puentes con la izquierda FA-PC y grupos más radicales, de cara a conseguir los 2/3, concluyen en el Colectivo PS.
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