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En los primeros días de la instalación de la Convención Constitucional -el 8 de julio del año pasado- 47 convencionales, entre ellos Marcos Barraza, Jaime Bassa, Beatriz Sánchez y Fernando Atria y Daniel Stingo, firmaron un documento solicitando que se aprobara un indulto para los llamados “presos de la revuelta” y “presos políticos mapuches”, además del retiro de todas las querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto último es clave, ya que de haber sido atendida la demanda de los convencionales, esa herramienta legal no se podría haber usado para detener a Héctor Llaitul. El líder de la CAM fue detenido por una demanda presentada por el gobierno anterior.
Qué observar. Cuando el presidente Gabriel Boric asumió el cargo, el 11 de marzo, el gobierno señaló que iba a cumplir su promesa de campaña y retiró todas las querellas por Ley de Seguridad del Estado contra los llamados “presos de la revuelta”. En esa línea, como presidente electo había instado al Senado a aprobar el indulto antes de que tomara posesión del cargo, iniciativa que falló. Hasta hoy está pendiente de ser votada en la Cámara Alta, pero en La Moneda ya no existe interés en apurarla porque no están los votos y para no perjudicar las opciones del Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.
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