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La forma de abordar la mega toma de San Antonio por parte del gobierno no solo da para pensar sobre los desastrosa que habría resultado la propuesta constitucional de 2022 de haber sido aprobada, sino también sobre cómo la tendencia a relativizar el Estado de Derecho no ha desaparecido ni siquiera tras su supuesto entierro. Es precisamente en este punto donde el caso de San Antonio deja de ser una excepción y pasa a funcionar como síntoma: las mismas lógicas que permiten el abuso que allí ocurre se observan en otras áreas donde la ley impera, pero su aplicación se diluye.
Una de las medidas más polémicas de la Convención Constitucional fue el intento de reemplazar la regulación de la expropiación. La primera señal llegó en febrero de 2022, cuando la Comisión de Derechos Fundamentales despachó un artículo que permitía expropiar bajo condiciones amplísimas, eliminaba el pago previo al contado y sustituía el “daño patrimonial efectivamente causado” por un vago “justo precio” cuyo monto y oportunidad definiría el legislador más adelante.
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