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El gobierno ha tenido tres cambios de opinión en cuatro meses respecto de si se puede o no revocar las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social a quienes tenían antecedentes penales. El subsecretario Monsalve siempre fue la postura de que sí se podía hacer, pero la ministra Tohá señaló lo contrario. Entre ambas declaraciones, señalan fuentes oficialistas, el ministro Luis Cordero habría entregado una opinión distinta a la de Monsalve, a la que se sumó La Moneda. Finalmente el gobierno pidió un informe al reputado abogado PS Francisco Zúñiga, de cuyo texto la administración Boric zanjó que el Presidente hiciera uso de sus facultades para revocar pensiones de gracia.
Panorama general. Este lunes, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve anunció que el Presidente Boric había decidido hacer uso de facultades para revocar pensiones de gracia ya otorgadas. Se trataba del fin de 4 meses de vaivenes del gobierno, luego de que abordara por primera vez los beneficios concedidos a propósito del 18-O a personas con antecedentes penales y que en al menos cuatro casos registran ataques a carabineros.
- “El Presidente ha decidido hacer uso de la facultad de revocación administrativa, se están fijando los criterios y no tengo ninguna duda, a propósito de los plazos, que el Presidente lo va a usar lo antes posible”, dijo Monsalve.
- El anuncio lo había hecho una hora antes en la comisión de Desarrollo Social, en el marco de la votación de los proyectos refundidos que también buscar revertir pensiones de gracia y para lo cual el Gobierno ingresó indicaciones el lunes pasado.
- “Podría fundar esta facultad en razones de mérito, razones de oportunidad, razones de conveniencia, o sea, vale decir, en la medida de que los Presidentes lleguen a la convicción de que el bien común requiere la revocación de este acto administrativo”.
- Monsalve también informó que este mismo lunes firmó una modificación al reglamento del Ministerio del Interior para que “nunca más se entregue una pensión de gracia sin el requisito de pedir previamente los antecedentes penales. Pero claro la modificación de reglamento no es suficiente”.
Discursos contrapuestos. El 13 de septiembre, el subsecretario Monsalve marcó por primera vez la posición del Gobierno frente a las controvertidas pensiones que se han otorgado a propósito del 18-O a personas con antecedentes penales y que en al menos cuatro casos registran ataques a carabineros.
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