Un mal diseño constitucional. Por Andrés Velasco


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El Decano de la escuela de Políticas Públicas del London School of Economics and Political Science (LSE) advierte que “el diseño propuesto por la Comisión de Sistema Político es errado. En el mejor de los casos, limitaría la influencia de las regiones, concentraría el poder en una sola cámara híper-sensible a los intereses centralistas y los altibajos anímicos de las redes sociales, y debilitaría el poder de veto de la Presidencia de la República. El populismo, que ya nos acecha, se consolidaría. En el peor de los casos, el texto dejaría la puerta abierta para que una mayoría circunstancial vulnerara los derechos de las minorías y modificara las reglas de la política de modo de eternizarse en el poder.

La democracia representativa se funda en una tensión. Es representativa, porque presupone que en muchos asuntos complejos se requieren representantes para tomar buenas decisiones a nombre de la ciudadanía. Y es democrática, porque la ciudadanía ejerce control sobre los representantes y éstos le rinden cuentas a sus mandantes. ¿Cómo ejercer ese control? ¿Qué tan a menudo exigir esa rendición de cuentas? Una acertada arquitectura constitucional provee buenas respuestas a estas difíciles preguntas.

Respuestas —así, en plural—, porque el tipo y frecuencia de la rendición de cuentas ha de depender del tipo de representante. Una diputada, por ejemplo, debe estar conectada a los humores cambiantes del electorado. Por eso, en Estados Unidos se le exige que postule a la reelección —la madre de todas las rendiciones de cuentas— cada dos años. Un banquero central es distinto: para hacer bien su trabajo requiere de cierta independencia respecto de los humores de los votantes. Por eso al banquero central se le suele nombrar por un período más largo que a un diputado (en algunos casos una década), aunque debe rendirle cuentas al parlamento un par de veces al año. Una ministra de la Corte Suprema, por contraste, requiere autonomía total. Por eso no rinde nunca cuentas. Su legitimidad democrática viene del proceso que la nombra, pero una vez en el cargo —y hasta el día que jubila— simplemente notifica a través de un fallo que fulano es culpable y mengano inocente.

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