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Es evidente que Chile enfrenta un problema de acceso a la vivienda. Este problema debe ser un foco de atención público y privado. En lugar de limitar el uso de la UF, la solución pasa por aumentar la oferta total de propiedades y potenciar diversos mecanismos de acceso, incluyendo los programas de apoyo público– tanto para la compra como el arriendo.
Finalmente hemos conocido el programa de gobierno de la candidata que lidera la coalición oficialista. Una de las propuestas que ha recibido mayor atención es la Medida 95: Restringiremos el cobro en UF en la salud, educación y arriendo de inmuebles. Se señala que “el uso indiscriminado de los contratos en UF, además, eleva la inercia inflacionaria. En una economía con tasas de inflación relativamente baja como la nuestra, no se requiere contar con tal cantidad de contratos reajustados todos los meses.” Además, se indica en el programa “Tampoco se permitirán las cláusulas que reajusten los precios, siguiendo a la inflación, en periodos menores a un año.”
En esta columna me interesa centrarme en el ámbito de la UF en el mercado de los arriendos. Como señalamos en otra columna junto al profesor Cowan , como resultado de las crecientes dificultades para acceder a una vivienda, el mercado de los arriendos ha tenido un fuerte crecimiento, con una proporción de hogares que recurre al arriendo para vivir en torno a un 30% en el Gran Santiago.
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