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Más que una carga regulatoria, el cumplimiento aparece, así, como un verdadero instrumento de protección jurídica. La organización del riesgo -y no solo la reacción ex post- se consolida como el eje central para delimitar la responsabilidad penal empresarial en el nuevo escenario del derecho penal económico chileno.
La reciente resolución del Juzgado de Garantía de Coronel en el denominado Caso Bruma marca uno de los primeros test relevantes de la Ley N° 21.595 sobre delitos económicos, en particular respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El tribunal rechazó la solicitud de medidas cautelares contra Blumar S.A., estimando que, en esta etapa del proceso, no se acreditó una insuficiencia grave de su Modelo de Prevención de Delitos (MPD), ni tampoco una relación directa entre eventuales falencias del modelo y los hechos investigados.
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