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La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) alertó que el Estado no cuenta con un sistema institucionalizado para revisar si las leyes y regulaciones cumplen sus objetivos una vez implementadas. Tampoco existe un catastro que permita identificar con claridad cuántas normas están vigentes. El diagnóstico apunta a un ciclo regulatorio incompleto, con impacto en productividad, certeza jurídica y eficiencia del gasto público.
Qué observar. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), que preside el exvicepresidente del Banco Central Pablo García, asegura en su “Guía para la Evaluación Ex Post de Regulaciones”, que entregará al Gobierno este 8 de mayo, que el país no cuenta con herramientas institucionalizadas para revisar si las normas o leyes cumplen sus objetivos, si siguen siendo necesarias o si deben modificarse o eliminarse.
- El trabajo, correspondiente a la primera etapa de un informe sobre evaluación ex post de regulaciones, advierte que el país carece de herramientas institucionalizadas para revisar el desempeño de las leyes, decretos y normas después de implementadas.
- Tampoco dispone de un catastro que permita identificar con precisión cuántas y cuáles regulaciones se encuentran efectivamente vigentes.
- La advertencia se da en un contexto de alta densidad normativa. Según la CNEP, el ordenamiento jurídico chileno supera las 400 mil normas accesibles en la Biblioteca del Congreso Nacional, mientras cada año se incorporan miles de nuevas disposiciones.
- El problema, señala el organismo, es que esa acumulación no va acompañada de una revisión periódica que permita determinar si las normas cumplen sus objetivos, si se superponen con otras, si han perdido vigencia o si generan costos mayores que los beneficios esperados.
Por qué importa. Para la CNEP, el problema no es solo la cantidad de normas existentes, sino la incapacidad del Estado para aprender de su propia experiencia regulatoria.
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