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El reciente dictamen de Contraloría proviene de una denuncia de ilegalidad en contra de la resolución del Ministerio de Economía -en ese momento a cargo de Nicolás Grau- presentado por diversas empresas pesqueras en septiembre de 2024. El órgano fiscalizador indicó que la cartera deberá adoptar, a la brevedad, las medidas para regularizar la situación.
Lo nuevo. Un dictamen publicado por Contraloría el 17 de febrero de 2026 declaró improcedente el cobro retroactivo al impuesto específico del artículo 43 ter de la Ley General de Pesca, dictado en 2023, mientras Nicolás Grau era ministro de Economía.
- El órgano fiscalizador detalló que no procedía que el Ministerio de Economía modificara el valor del impuesto.
- El documento de Contraloría señala que el ministerio, a través de la Subsecretaría de Pesca, informó el valor del impuesto específico para ese año mediante la resolución exenta N° 4 de enero de 2023.
- Pero, posteriormente modificó este monto través de su similar N° 9, de diciembre del mismo año.
- El problema proviene del reajuste del Gobierno con el factor “F” del impuesto, que está ligado al índice estimado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO).
- Fuentes conocedoras del tema detallaron a Ex-Ante que el problema no fue el cambio, sino que se alteraron los factores considerados para la tributación del impuesto de manera retroactiva para el 2023.
- El dictamen de Contraloría proviene de una denuncia de ilegalidad en contra de la resolución del ministerio presentado por las empresas Inversiones Delta Spa, Novamar SpA, Operaciones Braga SpA, Pesquera Litoral SpA y Sipesur SpA en septiembre de 2024.
Diferencial de $20.895 millones. En la resolución N°9 el Ejecutivo detalló que para el 2023 se obtiene un diferencial total a cobrar por un monto de $ 20.895 millones, con respecto al valor calculado contenido en la anterior resolución de enero del mismo año.
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