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Chile tiene una larga tradición de focalización efectiva, que –junto con el crecimiento económico– fue clave en la reducción de la pobreza en las últimas décadas. Pero un sistema que pierde precisión también pierde legitimidad.
“Hay una cantidad muy importante de beneficios que se entregan a personas que –cuando uno va a revisar– tienen condiciones económicas de muy alto nivel”. Con esa frase, la Contralora Dorothy Pérez anunció que en 2026 se fiscalizará que los beneficios sociales lleguen efectivamente a quienes los necesitan. Su advertencia no pasó desapercibida: puso sobre la mesa un problema que se ha ido profundizando y que hoy afecta tanto la legitimidad de nuestro sistema de protección social como el buen uso de los recursos fiscales.
En Chile, el Registro Social de Hogares (RSH) es una pieza central de nuestro sistema de protección social. Más de 17 millones de personas están inscritas y de él depende el acceso a más de 150 programas públicos. Este instrumento significó un avance significativo respecto de la antigua Ficha de Protección Social, mejorando la forma en que el Estado caracteriza y evalúa a los hogares. Pero hoy, a casi una década de su implementación, también presenta desafíos importantes.
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